El País – “Dejar a familias en esta terrible situación es una violación de convenios que España ha ratificado”

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Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, critica la guerra política que se vive en torno a la Cañada Real de Madrid tras tres meses sin luz

Luis De Vega

Olivier De Schutter es relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos. De nacionalidad belga, 52 años, tiene su base en Bruselas y acepta responder por escrito a un cuestionario sobre la situación que vive la Cañada Real Galiana, el mayor asentamiento irregular de Europa. Más de la mitad de sus 7.000 habitantes, entre ellos cerca de 2.000 menores, sufren la falta de electricidad en sus viviendas. En pleno temporal de frío, el relator de la ONU critica no solo el abandono de la población del asentamiento tras tres meses sin luz por parte de las administraciones, sino también las soluciones de emergencia propuestas como albergarlos en una antigua fábrica de muebles.

Pregunta. ¿Qué puede hacer un relator de la ONU ante una situación como la que se vive en la Cañada Real?

Respuesta. Mi papel como relator especial es mediar entre la comunidad científica, la sociedad civil, las ONG y los Gobiernos. Los relatores especiales presentan a los Gobiernos una imagen de cómo son sus países y para hacer visible el impacto de las decisiones que toman. Muchos problemas son más fáciles de ignorar que de abordar. Mi función es llamar la atención de los Ejecutivos sobre las consecuencias de sus decisiones que tal vez prefieran ignorar. Una política firme parte del reconocimiento de la verdad y de mirar a la cara a la realidad.

P. ¿Y qué acciones puede usted llevar a cabo?

R. Los relatores que dependemos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU podemos enviar comunicaciones a los Gobiernos. Las comunicaciones son cartas en las que, como expertos independientes, informamos sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos que hemos recibido. Esta es una herramienta oficial para denunciar las violaciones de derechos humanos en curso, o potenciales, que pueden ser objeto de un llamamiento urgente. Esto es en realidad lo que hicimos el pasado 16 de diciembre, con varios otros relatores especiales de la ONU (y que se anunció el día 22). Alertamos al Gobierno español sobre la situación de los vecinos de la Cañada Real Galiana, en concreto de los 1.812 niños y miembros de la minoría gitana afectados por cortes de suministro eléctrico durante meses marcados por bajas temperaturas y difíciles condiciones de vida. Solicitamos al Gobierno que tome las medidas necesarias para restablecer de manera urgente el suministro eléctrico a las familias afectadas. Pero los relatores especiales no tenemos poder ni autoridad para hacer cumplir esas recomendaciones.

P. ¿Han recibido ustedes alguna respuesta de las autoridades españolas?

R. De acuerdo con la información disponible, todavía no hemos recibido ninguna respuesta de las autoridades españolas después de que un grupo de relatores nos pusiéramos en contacto con ellas. Siguiendo los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, la comunicación solo se hará pública el 16 de febrero de 2021.

P. Usted también conoce el ámbito europeo ¿Hay en la Unión Europea algún tipo de mecanismo que sirva para ayudar a resolver el problema? ¿Hay algo que pueda hacerse a nivel ejecutivo y no solo como recomendación?

R. La UE no sería el ámbito adecuado para abordar la situación en la Cañada Real. Sin embargo, España está en proceso de ratificar el Protocolo de Reclamaciones Colectivas de la Carta Social Europea del Consejo de Europa, algo que es una excelente noticia. En el futuro, esto permitirá a las ONG que trabajan con las comunidades de los sectores afectados de la Cañada Real utilizar esta nueva herramienta. Sin embargo, espero que la situación se pueda resolver antes de tener que recurrir a este mecanismo.

P. La falta de soluciones a corto, medio y largo plazo genera una creciente desconfianza de los ciudadanos en las tres Administraciones (local, regional y estatal) con responsabilidades, pero de fondo tenemos que la Cañada sigue siendo un poblado con más de 7.000 habitantes que viven en casas -infraviviendas o no- que carecen de permisos. ¿Cómo dar con una solución socialmente aceptable dentro de la ley?

R. Mi predecesor, Philip Alston, visitó la Cañada Real hace solo un año, en febrero de 2020, e informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los niveles de pobreza, marginación y segregación de los que fue testigo. Muchos otros en España llevan también mucho tiempo reclamando soluciones tangibles. Solo en diciembre pasado, el Defensor del Pueblo [Francisco Fernández Marugán] solicitó la instalación de generadores de electricidad en la zona, que las familias pudieran tener acceso a contratos legales y pagar sus facturas, algo que la sociedad civil y los habitantes también han pedido desde hace mucho tiempo.

Sabemos que los sectores 5 y 6 de la Cañada Real no son necesariamente representativos de la realidad de todas las comunidades gitanas de España, pero la discriminación que sufren los gitanos a diario es claramente inseparable de esta situación. Desde este puesto hemos pedido que se desagreguen las estadísticas oficiales de los indicadores sociales y de empleo para que la discriminación de los romaníes pueda ser seguida y abordada adecuadamente. Pero el Gobierno afirmó que hacerlo contraviene las garantías constitucionales frente a la discriminación. Esta es una interpretación problemática de la ley que conduce a la invisibilidad, el estigma y una mayor marginación.

La continua representación estereotipada de los residentes de la Cañada como delincuentes sigue un patrón bien conocido en el viejo escenario de la discriminación: vincular las acciones de unos pocos a todo un grupo para deslegitimar su existencia. El mensaje discriminatorio de equiparar a todos los vecinos de la Cañada con los delincuentes, ya sea por parte de los medios de comunicación o por parte de fuentes gubernamentales, debe terminar.

P. La actual coyuntura hace que estemos hablando de la falta de suministro eléctrico de los últimos tres meses y de las actuales bajas temperaturas de Madrid, pero ¿cómo habría que abordar el problema?

R. Desde un punto de vista moral, dejar a miles de familias sin electricidad y en viviendas precarias durante décadas es absolutamente inaceptable, especialmente en el corazón de la Unión Europea. Aparte de ser moralmente impactante, dejar a las familias en esta terrible situación es además una violación de varios convenios internacionales de la ONU que España ha ratificado. Los más relevantes en este caso son los de la Convención sobre los Derechos del Niño, la de las personas con discapacidad y la de discriminación racial.

Impedir que las personas se protejan del frío durante el invierno constituiría una violación internacional de los derechos humanos en virtud de los Principios básicos y Directrices de las Naciones Unidas sobre Desalojos y Desplazamientos Generados por el Desarrollo. La Convención sobre los Derechos del Niño también reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, y la responsabilidad del Estado al respecto.

R. Los niveles de desigualdad y exclusión están aumentando en las ciudades a nivel mundial. Existe una brecha cada vez mayor muy preocupante entre ricos y pobres en las zonas urbanas. Aproximadamente 2.900 millones de personas viven ahora en ciudades donde las desigualdades de ingresos son hoy en día más pronunciadas que hace una generación. Con la pandemia de la covid-19, más gente ha acabado en la calle tanto en Europa como en el resto del mundo. Tanto en Madrid como en el resto del mundo, es urgente evitar más sufrimiento humano con las decisiones sobre derechos humanos que adoptamos sobre asuntos sociales y económicos.

P. El pasado mes de noviembre más de medio centenar de niños de la Cañada escribieron a la ONU en Ginebra para denunciar su situación. ¿Ha habido algún tipo de respuesta?

R. En su momento tuve información de que esas cartas de centenares de niños de la Cañada Real habían llegado a manos del Mecanismo de Denuncia del Comité de los Derechos del Niño. Ese mecanismo tiene la facultad de poner en conocimiento del Estado en cuestión, de forma confidencial y a la mayor brevedad posible, toda comunicación que se le presente y pedirle que otorgue por escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare el problema y se indiquen las medidas correctivas que se hayan adoptado. Asimismo puede solicitar del Estado en cuestión que adopte las medidas provisionales que puedan ser necesarias en circunstancias excepcionales para evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la presunta violación.

“Reubicar en una fábrica de muebles es irresponsable”

P. ¿Conoce situaciones similares en países avanzados? R. Muchos otros países desarrollados hacen la vista gorda ante la realidad de viviendas precarias concentradas en las grandes ciudades. No es exclusivo de España. Los relatores han informado de viviendas deficientes o superpobladas en ciudades que se consideran ricas como Los Ángeles, París o Dubái. Lo que es único en la Cañada Real es que uno pensaría que el hecho de que haya tantas Administraciones involucradas sería bueno para los que viven allí: más participación debería significar más acción, más soluciones. La guerra política y la consiguiente falta de actuación en este caso, que se ha hecho aún más visible a causa de la pandemia y este duro invierno para España, son por tanto inexplicables. También encuentro altamente problemática la propuesta reciente de reubicar a la población en una fábrica de muebles abandonada o en un polideportivo. Reubicar a familias con niños para que vivan en espacios comunes en medio de una tercera ola de covid-19 es, en el mejor de los casos, desconsiderado y, en el peor, irresponsable, independientemente de las pruebas de antígeno que pudieran administrarse.Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, critica la guerra política que se vive en torno a la Cañada Real de Madrid tras tres meses sin luz

Luis De Vega

Olivier De Schutter es relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos. De nacionalidad belga, 52 años, tiene su base en Bruselas y acepta responder por escrito a un cuestionario sobre la situación que vive la Cañada Real Galiana, el mayor asentamiento irregular de Europa. Más de la mitad de sus 7.000 habitantes, entre ellos cerca de 2.000 menores, sufren la falta de electricidad en sus viviendas. En pleno temporal de frío, el relator de la ONU critica no solo el abandono de la población del asentamiento tras tres meses sin luz por parte de las administraciones, sino también las soluciones de emergencia propuestas como albergarlos en una antigua fábrica de muebles.

Pregunta. ¿Qué puede hacer un relator de la ONU ante una situación como la que se vive en la Cañada Real?

Respuesta. Mi papel como relator especial es mediar entre la comunidad científica, la sociedad civil, las ONG y los Gobiernos. Los relatores especiales presentan a los Gobiernos una imagen de cómo son sus países y para hacer visible el impacto de las decisiones que toman. Muchos problemas son más fáciles de ignorar que de abordar. Mi función es llamar la atención de los Ejecutivos sobre las consecuencias de sus decisiones que tal vez prefieran ignorar. Una política firme parte del reconocimiento de la verdad y de mirar a la cara a la realidad.

P. ¿Y qué acciones puede usted llevar a cabo?

R. Los relatores que dependemos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU podemos enviar comunicaciones a los Gobiernos. Las comunicaciones son cartas en las que, como expertos independientes, informamos sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos que hemos recibido. Esta es una herramienta oficial para denunciar las violaciones de derechos humanos en curso, o potenciales, que pueden ser objeto de un llamamiento urgente. Esto es en realidad lo que hicimos el pasado 16 de diciembre, con varios otros relatores especiales de la ONU (y que se anunció el día 22). Alertamos al Gobierno español sobre la situación de los vecinos de la Cañada Real Galiana, en concreto de los 1.812 niños y miembros de la minoría gitana afectados por cortes de suministro eléctrico durante meses marcados por bajas temperaturas y difíciles condiciones de vida. Solicitamos al Gobierno que tome las medidas necesarias para restablecer de manera urgente el suministro eléctrico a las familias afectadas. Pero los relatores especiales no tenemos poder ni autoridad para hacer cumplir esas recomendaciones.

P. ¿Han recibido ustedes alguna respuesta de las autoridades españolas?

R. De acuerdo con la información disponible, todavía no hemos recibido ninguna respuesta de las autoridades españolas después de que un grupo de relatores nos pusiéramos en contacto con ellas. Siguiendo los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, la comunicación solo se hará pública el 16 de febrero de 2021.

P. Usted también conoce el ámbito europeo ¿Hay en la Unión Europea algún tipo de mecanismo que sirva para ayudar a resolver el problema? ¿Hay algo que pueda hacerse a nivel ejecutivo y no solo como recomendación?

R. La UE no sería el ámbito adecuado para abordar la situación en la Cañada Real. Sin embargo, España está en proceso de ratificar el Protocolo de Reclamaciones Colectivas de la Carta Social Europea del Consejo de Europa, algo que es una excelente noticia. En el futuro, esto permitirá a las ONG que trabajan con las comunidades de los sectores afectados de la Cañada Real utilizar esta nueva herramienta. Sin embargo, espero que la situación se pueda resolver antes de tener que recurrir a este mecanismo.

P. La falta de soluciones a corto, medio y largo plazo genera una creciente desconfianza de los ciudadanos en las tres Administraciones (local, regional y estatal) con responsabilidades, pero de fondo tenemos que la Cañada sigue siendo un poblado con más de 7.000 habitantes que viven en casas -infraviviendas o no- que carecen de permisos. ¿Cómo dar con una solución socialmente aceptable dentro de la ley?

R. Mi predecesor, Philip Alston, visitó la Cañada Real hace solo un año, en febrero de 2020, e informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los niveles de pobreza, marginación y segregación de los que fue testigo. Muchos otros en España llevan también mucho tiempo reclamando soluciones tangibles. Solo en diciembre pasado, el Defensor del Pueblo [Francisco Fernández Marugán] solicitó la instalación de generadores de electricidad en la zona, que las familias pudieran tener acceso a contratos legales y pagar sus facturas, algo que la sociedad civil y los habitantes también han pedido desde hace mucho tiempo.

Sabemos que los sectores 5 y 6 de la Cañada Real no son necesariamente representativos de la realidad de todas las comunidades gitanas de España, pero la discriminación que sufren los gitanos a diario es claramente inseparable de esta situación. Desde este puesto hemos pedido que se desagreguen las estadísticas oficiales de los indicadores sociales y de empleo para que la discriminación de los romaníes pueda ser seguida y abordada adecuadamente. Pero el Gobierno afirmó que hacerlo contraviene las garantías constitucionales frente a la discriminación. Esta es una interpretación problemática de la ley que conduce a la invisibilidad, el estigma y una mayor marginación.

La continua representación estereotipada de los residentes de la Cañada como delincuentes sigue un patrón bien conocido en el viejo escenario de la discriminación: vincular las acciones de unos pocos a todo un grupo para deslegitimar su existencia. El mensaje discriminatorio de equiparar a todos los vecinos de la Cañada con los delincuentes, ya sea por parte de los medios de comunicación o por parte de fuentes gubernamentales, debe terminar.

P. La actual coyuntura hace que estemos hablando de la falta de suministro eléctrico de los últimos tres meses y de las actuales bajas temperaturas de Madrid, pero ¿cómo habría que abordar el problema?

R. Desde un punto de vista moral, dejar a miles de familias sin electricidad y en viviendas precarias durante décadas es absolutamente inaceptable, especialmente en el corazón de la Unión Europea. Aparte de ser moralmente impactante, dejar a las familias en esta terrible situación es además una violación de varios convenios internacionales de la ONU que España ha ratificado. Los más relevantes en este caso son los de la Convención sobre los Derechos del Niño, la de las personas con discapacidad y la de discriminación racial.

Impedir que las personas se protejan del frío durante el invierno constituiría una violación internacional de los derechos humanos en virtud de los Principios básicos y Directrices de las Naciones Unidas sobre Desalojos y Desplazamientos Generados por el Desarrollo. La Convención sobre los Derechos del Niño también reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, y la responsabilidad del Estado al respecto.

R. Los niveles de desigualdad y exclusión están aumentando en las ciudades a nivel mundial. Existe una brecha cada vez mayor muy preocupante entre ricos y pobres en las zonas urbanas. Aproximadamente 2.900 millones de personas viven ahora en ciudades donde las desigualdades de ingresos son hoy en día más pronunciadas que hace una generación. Con la pandemia de la covid-19, más gente ha acabado en la calle tanto en Europa como en el resto del mundo. Tanto en Madrid como en el resto del mundo, es urgente evitar más sufrimiento humano con las decisiones sobre derechos humanos que adoptamos sobre asuntos sociales y económicos.

P. El pasado mes de noviembre más de medio centenar de niños de la Cañada escribieron a la ONU en Ginebra para denunciar su situación. ¿Ha habido algún tipo de respuesta?

R. En su momento tuve información de que esas cartas de centenares de niños de la Cañada Real habían llegado a manos del Mecanismo de Denuncia del Comité de los Derechos del Niño. Ese mecanismo tiene la facultad de poner en conocimiento del Estado en cuestión, de forma confidencial y a la mayor brevedad posible, toda comunicación que se le presente y pedirle que otorgue por escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare el problema y se indiquen las medidas correctivas que se hayan adoptado. Asimismo puede solicitar del Estado en cuestión que adopte las medidas provisionales que puedan ser necesarias en circunstancias excepcionales para evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la presunta violación.

“Reubicar en una fábrica de muebles es irresponsable”

P. ¿Conoce situaciones similares en países avanzados? R. Muchos otros países desarrollados hacen la vista gorda ante la realidad de viviendas precarias concentradas en las grandes ciudades. No es exclusivo de España. Los relatores han informado de viviendas deficientes o superpobladas en ciudades que se consideran ricas como Los Ángeles, París o Dubái. Lo que es único en la Cañada Real es que uno pensaría que el hecho de que haya tantas Administraciones involucradas sería bueno para los que viven allí: más participación debería significar más acción, más soluciones. La guerra política y la consiguiente falta de actuación en este caso, que se ha hecho aún más visible a causa de la pandemia y este duro invierno para España, son por tanto inexplicables. También encuentro altamente problemática la propuesta reciente de reubicar a la población en una fábrica de muebles abandonada o en un polideportivo. Reubicar a familias con niños para que vivan en espacios comunes en medio de una tercera ola de covid-19 es, en el mejor de los casos, desconsiderado y, en el peor, irresponsable, independientemente de las pruebas de antígeno que pudieran administrarse.