El siguiente texto se publicó cuando el Relator Especial ocupó su cargo el 1 de mayo de 2020 y en él se reseñan las prioridades de su mandato trianual (mayo de 2020 a mayo de 2023): 

La recesión económica causada por la pandemia de COVID-19, que es la peor crisis vivida desde la Gran Depresión de 1929, supone un revés sin precedentes para las iniciativas de erradicación de la pobreza. La crisis castiga en especial a los trabajadores autónomos y a los del sector informal o con trabajos precarios: los primeros tienen un acceso nimio o directamente nulo a la protección social en caso de enfermedad o desempleo, mientras que los segundos son los primeros en ser despedidos a raíz de la contracción o el cierre de empresas.

El 55 % de la población mundial (4000 millones de personas) no tiene acceso a protección social de ningún tipo, y tan solo el 29 % disfruta del abanico completo de prestaciones de seguridad social a lo largo de su ciclo vital, desde las ayudas por hijos o los subsidios por desempleo y enfermedad a las prestaciones por discapacidad y las pensiones para la población jubilada.

La crisis afecta también a las mujeres de forma desproporcionada, ya que están sobrerrepresentadas tanto en el sector informal como en determinados segmentos con uso intensivo de mano de obra en cadenas de suministro globales que han sido objeto de despidos en masa; además, las mujeres soportan la mayor parte de la carga adicional impuesta a las familias tras el cierre de escuelas y servicios de guardería y quienes, en una proporción mucho mayor que los hombres, se encargan de cuidar a las personas mayores y enfermas.

En este contexto, el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos actuará con decisión y apremio.

Umbrales mínimos de protección social

En primer lugar, el Relator Especial pretende contribuir a las iniciativas destinadas a universalizar los umbrales mínimos de protección social sobre la base de la Recomendación núm. 202, aprobada por unanimidad en junio de 2012 por la Conferencia Internacional del Trabajo, y la Observación General (n° 19) sobre el derecho a la seguridad social del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la que se definen los requisitos mínimos derivados del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cualquier caso, su aplicación sigue siendo una asignatura pendiente. Los trabajadores del sector informal (61 % de la población activa mundial, es decir, 2000 millones de personas) o en modalidades de empleo atípicas, entre ellos los trabajadores a demanda (just-in-time) de la economía del empleo ocasional (gig economy), tienen un acceso escaso o inexistente a la protección social. El «desaprovechamiento» de los derechos sigue siendo un fenómeno generalizado: los beneficiarios previstos de las prestaciones sociales no tienen información sobre sus derechos, se enfrentan a distintos obstáculos para reclamar las prestaciones o pueden sentir vergüenza o temor en sus interacciones con los servicios sociales por, por ejemplo, tratarse de migrantes indocumentados o por miedo a que les quiten a sus hijos.

Además, son varios los países que no pueden movilizar suficientes recursos a nivel interno para financiar mecanismos permanentes de protección social basados en derechos. El Relator Especial trabajará para establecer un nuevo mecanismo financiero internacional que favorezca la implantación de umbrales mínimos de protección social tras la propuesta que ya hizo en 2012 de un Fondo Mundial de Protección Social, en aquel momento en calidad de Relator Especial sobre el derecho a la alimentación.

Transición justa

En segundo lugar, el Relator Especial contribuirá a los esfuerzos destinados a definir los parámetros de una «transición justa» con la que se haga realidad la justicia social dentro de los límites planetarios. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible insta a dejar de lado un modelo de desarrollo en el que hagamos crecer primero la economía con la esperanza de poder compensar más adelante tanto el perjuicio ambiental provocado como el aumento de la desigualdad por la presión de ser más competitivos. El Relator Especial colaborará con gobiernos, organismos internacionales, expertos del mundo académico, sociedad civil y movimientos sociales con el fin de encontrar herramientas diversas que puedan acelerar esta transición. Entre esas herramientas, cabe destacar el fortalecimiento de la economía social y solidaria, animar a las ciudades a dar respaldo a iniciativas ciudadanas basadas en la idea de los bienes comunes e incrementar las inversiones en fuentes de energía renovables, aislamiento de edificios, transporte público, agricultura agroecológica, sistemas alimentarios locales y economía circular, elementos todos ellos que pueden ayudar a impulsar las economías locales, crear empleo y desvincular el crecimiento económico de la huella ecológica. Se nos presenta ahora la gran oportunidad de dar forma a un futuro habitable en el que se ponga freno al crecimiento de la desigualdad y en el que se abran nuevas posibilidades, sobre todo para las personas marginadas, en situación de exclusión social o con escasas cualificaciones.

Participación de las personas que viven en la pobreza

Ninguno de los objetivos mencionados se podría conseguir sin que las personas que viven en situación de pobreza participen activamente en el diseño y la implantación de innovaciones que puedan contribuir a erradicar la pobreza extrema, que es justo lo que promete el Objetivo 1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las personas que viven en la pobreza son objeto de distintas formas de discriminación, en su mayor parte por motivos distintos a su nivel de renta per se, sino más bien por sus relaciones familiares, la escuela a la que acudieron o las circunstancias de su infancia.

La transmisión intergeneracional de la pobreza sigue siendo alta, en particular debido a la escasez de inversiones en la primera infancia y al estigma asociado a la pobreza. Las personas que viven en la pobreza también se han visto excluidas tradicionalmente de los procesos políticos: tienen poca información, se les pregunta muy rara vez y, por lo general, nunca han sido un electorado que importara. Para revertir esta situación, el Relator Especial se compromete a colaborar codo con codo con las personas en situación de pobreza y con quienes la han experimentado de primera mano para garantizar que sus conocimientos excepcionales conformen las bases de su labor durante su mandato, así como que las innovaciones sociales que hayan puesto en práctica sirvan de orientación para la búsqueda de soluciones. En ese sentido, convocará una serie de «diálogos participativos» en torno a temas que irán desde la protección social adaptativa o la discriminación contra la gente que vive en la pobreza, hasta la formalización de los trabajadores informales o la función de las intervenciones en la primera infancia, con el fin de romper el círculo vicioso de la marginación económica y el desempoderamiento político.